Mito 3: “La Ley no garantiza las concesiones”

Las concesiones son un acto administrativo mediante el cual el Estado otorga para su explotación u operación un servicio público.

De acuerdo a la Ley, una concesión está respaldada por el Título de Concesión, mismo que de acuerdo al artículo 285, debe contener:

  1. Nombre, razón social, en su caso, y domicilio del concesionario;
  2. Derechos y obligaciones del titular de la concesión;
  3. Vigencia;
  4. Causas de revocación, cancelación o caducidad;
  5. En su caso, el sistema del rol único, itinerario y ruta;
  6. Tipo y la clase de servicio autorizado;
  7. Datos y características de la unidad prestadora de servicios; y
  8. Las que demás se establezcan en el Reglamento y las que la Secretaría considere necesarias.

El concesionario debe cumplir con sus obligaciones para poder mantener la concesión durante su vigencia, y así poder ser sujeto a una prórroga por un periodo igual, y así sucesivamente.

La garantía de la concesión está plasmada en el Titulo de Concesión. La garantía para conservar la concesión depende de que el concesionario cumpla con sus obligaciones. Sus derechos y obligaciones están plasmados en el artículo 85 de la iniciativa de Ley, donde resaltan:

  1. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones señalados en la concesión otorgada, contrato de operación y/o permiso correspondiente;
  2. Prestar el servicio público de transporte en los términos de las concesiones y permisos otorgados, de manera continua, regular, segura, uniforme y permanente;
  3. Mantener los vehículos en buen estado físico, mecánico y de presentación;
  4. Vigilar que el operador de la unidad preste el servicio con cortesía, amabilidad y respeto. Tratándose de transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, carga y mixto, el operador deberá portar un gafete oficial de identificación con su nombre, concesión y ruta de la empresa concesionaria concesión y ruta a la que presta sus servicios;
  5. Respetar las tarifas, horarios, rutas e itinerarios autorizados, así como circular por las vialidades señaladas por la autoridad;

Así también, se establecen las causales de revocación, en el artículo 328 de la iniciativa de Ley, siendo algunas de estas:

  1. No pagar el concesionario los derechos correspondientes por la expedición, refrendos, revalidación, certificación o servicios relacionados con las concesiones, permisos, licencias y demás actos jurídicos relacionados con el servicio de transporte;
  2. No contar con póliza vigente de seguro de pasajero y de responsabilidad civil de daños a terceros, o su equivalente en los términos de esta Ley y su Reglamento, para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se causen a los usuarios, peatones o terceros en su persona y propiedad; o contando con póliza vigente de seguro de pasajero y de responsabilidad civil de daños a terceros, o su equivalente en los términos de esta Ley y su Reglamento, su cobertura resulte previsiblemente insuficiente para indemnizar en términos de las leyes aplicables;
  3. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a los usuarios, pasajeros, peatones, conductores o terceros, con motivo de la prestación del servicio de transporte, previa determinación de autoridad jurisdiccional;
  4. La alteración del orden público o la seguridad vial con responsabilidad al concesionario por sí mismo o a través de sus operadores, empleados o personas relacionadas con la prestación del servicio de transporte encomendado, en forma tal que se deje de prestar el servicio de transporte de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida;
  5. Que el concesionario por sí o a través de sus operadores, empleados o personas relacionadas con la prestación del servicio de transporte encomendado, y con conocimiento de cada hecho ocurrido que le proporcione por escrito la autoridad, se haga acreedor a cuatro sanciones en un periodo de tres meses, ocho sanciones en un periodo de seis meses o diez sanciones en un periodo de un año, por incumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la presente Ley y en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
  6. Ubicarse el concesionario por causas que le sean imputables, en conflictos de titularidad respecto a los derechos derivados de la concesión, equipamiento auxiliar, o en controversia respecto a la personalidad jurídica o representatividad, en el caso de personas morales;
  7. Modificar la modalidad del servicio o alterar las tarifas, horarios, itinerarios, recorridos, bases, lanzaderas, lugares de encierro y demás condiciones en que fue originalmente entregada la concesión o permiso, sin aprobación previa y por escrito de la Secretaría, en lo que se aplique a cada tipo de servicio.

El objetivo de la Ley es garantizar las concesiones, pero para que estas puedan ser un vehículo eficaz y eficiente para brindarle un servicio público de calidad a los ciudadanos.

Te invitamos a leer la Iniciativa de Ley de Movilidad, descárgala aquí.

3-mitos-y-realidades

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